Hogan (2003) argumenta que atribuir el problema de la crisis ambiental únicamente al hecho de existir mucha población para muy pocos recursos, es simplificar demasiado las cosas, sobre todo si se consideran las tendencias demográficas descendentes observadas desde los años setenta. Las tasas de crecimiento poblacional han descendido en todos los países latinoamericanos, frecuentemente y a un ritmo histórico sin precedentes. El crecimiento urbano también ha reducido su velocidad, y este descenso ha estado acompañado de cambios importantes en la estructura familiar.
La migración incluye procesos como la
urbanización, el turismo y los desplazamientos
de un lado a otro, los cuales pueden cambiar
radicalmente la relación entre población (nativa
o residente) y su medio ambiente. La movilidad,
por su parte, no es sólo una extensión de la
migración, sino una nueva situación histórica en
la cual las relaciones entre la humanidad y la
naturaleza son cualitativamente distintas.
Muchas familias abandonan las grandes ciudades para ir a ciudades más pequeñas y tener una mejor calidad de vida, un hecho en donde la calidad ambiental figura entre los motivos importantes de movilidad. Sin embargo, el problema lo llevan consigo, pero las consecuencias de esta movilidad en el deterioro ambiental no son percibidas de igual manera por distintos grupos sociales. La ubicación de asentamientos ilegales, por ejemplo, los expone a inundaciones estacionales, aumento en la incidencia de enfermedades y derrumbes provocados por las fuertes lluvias. Desastres considerados como naturales han sido estudiados por mucho tiempo bajo diversas perspectivas y ofrecen importantes elementos para el análisis de la vulnerabilidad de poblaciones
específicas.
El proceso de periferización experimentado por las
ciudades de ALC marcó el perfil de sus
aglomeraciones, provocando serias consecuencias
urbanas y sociales como el deterioro de los recursos
naturales y la calidad del ambiente; discontinuidades
en la red de infraestructura urbana, el agravamiento
de los problemas sociales en la periferia; el
compromiso de las finanzas públicas con los costos
crecientes de la urbanización; el establecimiento de
espacios segregados de población de bajos
ingresos, entre otros.
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