Derecho ambiental

 

Borrero (2003) hace una serie de reflexiones sobre el derecho ambiental, comentando que éste se ha consolidado políticamente, pues actualmente las normas ambientales se encuentran en la cima de la pirámide jurídica. Sin embargo, a pesar de este avance, el derecho ambiental en América Latina está lejos de ser un instrumento jurídico efectivo para controlar el deterioro ambiental del continente. Las normas ambientales de los países latinoamericanos exhiben limitaciones estructurales y técnico-jurídicas. Las primeras se deben a los límites del derecho ambiental para modificar las relaciones humanas, las instituciones y los valores asociados a sistemas insostenibles de intervención en la naturaleza, por lo que la norma ambiental es un simple artificio de “inflación legislativa” usada como estrategia política para soslayar el tratamiento de conflictos estructurales. Las limitaciones de orden técnico-jurídico están relacionadas con la racionalidad de la norma ambiental y la lógica jurídica de su enunciado, así como con la coherencia entre su mandato y los medios disponibles para hacerlo efectivo. 

 

También deben tenerse en cuenta las dificultades que se suscitan en el proceso de formulación de las normas ambientales, especialmente para la construcción de nexos entre el derecho y las ciencias naturales, en razón de la diferente imagen de la realidad y del mundo propio de distintas disciplinas. Aquí se presenta uno de los mayores tropiezos al pretender asociar la lógica del deber ser con la lógica del ser. Mientras el derecho aboga por un mundo de relaciones ordenadas donde sea viable garantizar seguridad jurídica, la imagen del mundo que ofrece la ciencia contemporánea es muy diferente, porque en él “el orden es algo excepcional y la regla es el caos”. Por ello necesitamos un derecho ambiental atento a la lógica de lo aleatorio y lo incierto para pensar los sistemas abiertos y complejos, pero con capacidad para transformar la incertidumbre científica en certidumbre jurídica