Declaración de Río: Agenda 21, cambio climático, diversidad biológica, Bosques (1992)

A inicios de la década de los noventa continuaba en la mesa de discusión mundial el serio cuestionamiento sobre el futuro de la tierra, con base en el modelo de producción y consumo originado a partir del Informe Bruntland. La crisis energética de la década de los ochenta impulsó el interés mundial por proveerse de otras fuentes energéticas diferentes al petróleo, al mismo tiempo que continuaba en la agenda internacional el movimiento a favor del medio ambiente iniciado en 1987. 

 

A invitación de Brasil, la ciudad de Río de Janeiro fue la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUCED), también conocida como "Cumbre de la Tierra", realizada en 1992. En la Cumbre de la Tierra se consensuó la definición de desarrollo sostenible que años atrás (1987) se había presentado en el Informe Brundlandt. 

 

Los compromisos específicos adoptados por la Conferencia Río-92 incluyen dos 

convenciones: una sobre cambios climáticos y otra sobre la biodiversidad, y también una declaración sobre bosques. La conferencia aprobó documentos de objetivos más amplios y de naturaleza más política: la Declaración de Río y la Agenda 21. Ambos documentos endosan el concepto fundamental de desarrollo sostenible, que combina las aspiraciones compartidas por todos los países al progreso económico y material con la necesidad de una conciencia ecológica. Además de eso, por introducir un objetivo global de paz y de desarrollo social duraderos, la Río-92 constituyó una respuesta tardía a las gestiones de 

los países del Sur hechas desde la reunión de Estocolmo. 

 

Las relaciones entre los países ricos y pobres han venido siendo conducidas, desde la Conferencia de Río, por un nuevo conjunto de principios innovadores, como los de "responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre los países", de "el que contamina paga" y de "patrones sostenibles de producción y consumo". 

Además de eso, con la adopción de la Agenda 21, la Conferencia estableció, de cara al futuro, objetivos concretos de sostenibilidad en distintas áreas, explicando la necesidad de la búsqueda de recursos financieros nuevos y adicionales para la complementación a nivel global del desarrollo sostenible. La Conferencia de Río fue también audaz al permitir una gran participación de organizaciones no gubernamentales (ONG), que desempeñaron un papel fiscalizador y de presión ante los gobiernos para que cumplieran con la Agenda 21 (Anónimo, 2010e). 

 

El desarrollo sostenible no es una idea nueva, muchas culturas a través de la historia han reconocido la necesidad de armonía entre la naturaleza, la sociedad y la economía. Lo que en realidad es nuevo es la articulación de estas ideas en el contexto de una sociedad global industrial y de información. Se trata definitivamente de un replanteamiento del actual modelo de desarrollo tradicionalmente basado en parámetros cuantitativos de crecimiento económico puro y duro, que no ha tenido en cuenta los efectos negativos que nuestras actividades socioeconómicas tienen sobre el entorno natural, las sociedades contemporáneas en cualquier parte del planeta, y las sociedades del futuro, las cuales tienen el derecho a recibir un medio ambiente en condiciones que puedan ejercer sus propias opciones de vida. Se trata de integrar las esferas de lo ambiental, lo económico y lo social, tradicionalmente separadas e incluso entendidas como incompatibles (Anónimo, 2010e). 

 

En la Declaración de Río el desarrollo sostenible se percibe en una base tridimensional. 

Se trata de un nuevo modelo de desarrollo que incluye una dimensión económica, una social y una ambiental. Estos pilares constituyen la base ineludible del modelo de desarrollo futuro que debemos impulsar. 

 

En esta cumbre 175 estados aprueban impulsar políticas de desarrollo de planes de acción local a favor de la sostenibilidad adoptando así la "Agenda 21" (o Programa 21) como plan de acción global hacia el desarrollo sostenible. El Capítulo 28 de la Agenda 21, titulado "Iniciativas de las Autoridades Locales en apoyo a la Agenda 21", declara que para 1996 la mayoría de autoridades locales de cada país deberían haber llevado a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un consenso sobre una "Agenda Local 21" para su comunidad. En este contexto la Agenda 21 reconoce el papel fundamental que los sistemas urbanos deben cumplir en el desarrollo de este tipo de políticas, ya que la ciudad es un núcleo muy cercano a los conflictos ambientales, económicos y sociales, pero es también fuente de creatividad y de impulso en la búsqueda de soluciones; es la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser resueltos de manera integrada. La actividad urbana, las acciones más cotidianas, individuales o colectivas de los ciudadanos (como ir al supermercado o conducir el coche) tienen impactos tangibles, desde la disminución de la calidad urbana en lo local, hasta la extensión de una enorme huella ecológica a nivel global (agotamiento de recursos naturales, desaparición de ecosistemas, contaminación, pobreza, hambre, etcétera). 

Por otra parte, la ciudad tiene organizaciones de desarrollo de políticas cercanas a la comunidad, que es, en primera instancia, quien debe comprender las consecuencias de las diferentes opciones de desarrollo por las que cada día opta y que es de igual forma la que tiene la capacidad de "pensar globalmente y actuar localmente". Sin la participación ciudadana el desarrollo de políticas de sostenibilidad no será jamás eficaz, pues éstas requieren de una máxima implicación individual y colectiva. A partir de este acuerdo se desarrollan políticas y programas que llevan a miles de autoridades locales en todo el mundo a implicarse en procesos de Agenda Local 21 (Anónimo, 2010c).