El Marco jurídico mexicano está determinado fundamentalmente por los preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, como ya se ha visto, es la norma jurídica suprema de la nación. A este respecto, la preservación de la estabilidad política del país se debe sustentar en un régimen jurídico que permita el desarrollo nacional, en un habiente de seguridad jurídica que garantice la libre y sana convivencia de la población, garantizando el bienestar social.
Este orden jurídico está definido en la Constitución Política, la cual determina, en este sentido, la forma política del Estado mexicano y su gobierno.
Bajo este contexto, la Carta Magna establece las facultades de los diversos órganos de gobierno existentes y les proporciona los elementos necesarios para la gobernabilidad del país
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